Denver (CO), 23 sep (EFEUSA).- Un juez federal en Denver aprobó este este lunes un acuerdo judicial por el que a partir de ahora la Policía local no puede confiscar pertenencias de los desamparados, un fallo que los activistas locales creen puede tener efectos en el resto de Colorado.
El magistrado William Martínez determinó que los agentes policiales deben notificar por escrito y hasta con siete días de anticipación a las personas “sin techo” antes de proceder a decomisar sus pertenencias.
Asimismo, en caso de que finalmente los agentes tomen posesión de las pertenencias informar, también por escrito, sobre los sitios adonde han sido trasladados y horarios de recogida.
“Hicimos una promesa hace tres años de que pelearíamos por la dignidad de nuestros vecinos que están en situación de desamparo (…) Ahora es momento de que (la decisión) entre en vigor”, expresó el abogado Jason Flores-Williams, representante de Ray Lyall, quien es portavoz de la coalición Denver Homeless Out Loud (DHOL), organización que entabló la demanda.
La decisión de Martínez llega tras un acuerdo alcanzado entre DHOL y la ciudad y el condado de Denver en una demanda colectiva liderada por la coalición tras varios incidentes entre los “sin techo” y efectivos locales.
El incidente más reciente de confiscación de pertenencias de desamparados ocurrió el pasado 11 de septiembre a unas pocas cuadras al norte del centro de Denver, en un terreno de propiedad de la empresa Xcel Energy y en el que se iba a instalar una cerca.
“La policía llegó a las siete de la mañana, como lo hace casi cada día, diciendo que había que desarmar las carpas, empacar e irse. Muchas personas ya se habían ido el día anterior por las amenazas. Sin embargo, muchos se quedaron. Pero cuando llegaron los camiones recolectores de residuos a las 9:30 am, el miedo se hizo real”, dice un comunicado de DHOL.
La coalición estima que unas 10.000 personas viven en las calles de Denver, aunque las estadísticas oficiales reducen ese número a unos 5.700 desamparados.
La municipalidad Denver ha implementado varios nuevos proyectos de ayuda para personas que viven en la calle, entre ellas la futura habilitación de un hotel de 139 habitaciones abandonado que será transformado en “micro viviendas” para esas personas, una vez que se completen los trabajos de remodelación.
Desde octubre de 2018, cuando se detectó un brote de hepatitis A entre los desamparados de Denver, la municipalidad se hace cargo del alojamiento de los afectados (unas 163 personas en total hasta la fecha), para evitar contagios y además se vacunó a unas 8.000 personas.
Desde el mes pasado, la policía de Denver y personal de emergencias realizan patrullajes acompañados por trabajadores sociales y llevan en sus vehículos comida para repartir a los necesitados que viven en calle.
