Tucson (AZ), 17 ene (EFE News).- La oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza (CBP) cuenta con un protocolo para otorgar cuidado médico
a todos los inmigrantes que estén bajo custodia de la Patrulla Fronteriza,
afirmó este viernes David Tarantino, médico asesor principal de esa agencia
federal.
Tarantino dio hoy su testimonio en la corte
federal en Tucson como parte de un juicio que se lleva a cabo sobre las
condiciones que tienen que soportar los inmigrantes indocumentados en los ocho
centros de detención de la Patrulla Fronteriza en el Sector Tucson, el cual
cubre 90 % de la frontera de Arizona.
El médico asesor, quien supervisa todos los
centros de detención que la Patrulla Fronteriza tiene desde California hasta
Texas, dijo que están fijados varios pasos a seguir para determinar si un
indocumentado requiere asistencia médica.
Para empezar, explicó durante la audiencia, tras
el arresto del migrante el agente fronterizo puede percatarse inmediatamente si
requiere atención médica, o bien cuando el inmigrante la solicita.
Cuando los inmigrantes son llevados a los
centros de detención son entrevistados y allí nuevamente se les pregunta si
tienen algún problema médico o tienen la oportunidad de informarlo. Cada
solicitud es revisada por un médico o paramédico que se encuentra en el centro,
quien determina si el migrante debe ser enviado a un hospital de emergencia.
Tarantino negó rotundamente que a los
indocumentados se les “quiten” las medicinas que traen consigo cuando
son arrestados, al mismo tiempo que aseguró que los agentes no pueden estar 100
% seguros de la procedencia de esos medicamentos, o si es que son drogas de
contrabando como metanfetaminas.
Aseguró que es difícil proporcionar cuidado
médico a personas que solo estarán bajo la detención de la Patrulla Fronteriza
por 72 horas o menos, y a ello se añade la dificultad que suponen los grandes
grupos que en los últimos meses se han entregado de manera voluntaria a la Patrulla
Fronteriza y han solicitado asilo.
Tarantino, uno de los que esta semana han dado
su testimonio en este proceso judicial, señaló que a lo largo de la frontera
con México la CBP cuenta con unas 700 personas que forman parte del servicio
médico dentro de los centros de detención.
El caso legal comenzó en 2015 cuando la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona presentó una demanda en la
que argumentó que los inmigrantes eran forzados a dormir prácticamente unos
sobre otros en celdas sucias, y algunos cerca de los baños.
En el escrito, los inmigrantes detenidos se
quejaron de las bajas temperaturas que deben soportar en estas celdas, a las
que llaman “las hieleras”. La demanda también cuestiona la calidad de
la comida que recibían y el escaso acceso a cuidado médico.
Esta semana, dos mujeres inmigrantes dieron su
testimonio ante la corte sobre lo que tuvieron que soportar dentro de un centro
de detención en Tucson.
El pasado miércoles, el juez federal David C.
Bury, quien lleva el caso, visitó de forma sorpresiva uno de estos centros, si
bien estaba programada para la próxima semana.
El juez no quiso dar detalles hoy sobre lo que
vio durante su recorrido, y se espera que el caso finalice la próxima semana y
que el magistrado emita su decisión luego.
Fotografía fechada en agosto de 2015 de una captura de vídeo cedida por el American Immigration Council y usada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Arizona en una demanda, donde se muestra a unas personas mientras duermen sobre bancos y piso de cemento, algunos tapados con sábanas metálicas, en el centro de detención de Naco, Arizona. EFE/ American Immigration Council/ SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS
