Denver (CO), 22 sep (EFE News).- Dos madres latinas de Colorado presentaron por separado demandas judiciales contra sendos departamentos de policía del estado por incidentes en los que uniformados incendiaron una vivienda y acataron a la persona equivocada, indicaron este martes los abogados de esas familias.
En un caso, Mary Alice Quintana presentó una demanda contra el Departamento de Policía de Denver (DPD) debido a que el 31 de enero de 2019, cuando las autoridades trataron de arrestar a Joseph Quintana, de 35 años e hijo de la demandante, agentes arrojaron granadas incendiarias que causaron la destrucción total de la propiedad en la que la familia vivió durante 45 años.
En el otro caso, Priscilla Núñez Espinoza demandó a los departamentos de policía de Fort Lupton y Firestone y a la oficina del alguacil del condado de Weld (al norte de Denver) porque el 27 de abril de 2019 un perro policía atacó a su hijo Ángel, de 14 años, cuando los uniformados lo confundieron con el sospechoso de un robo.
Quintana ya había presentado en enero de 2020 una demanda contra DPD en una corte local, pero ahora elevó su caso a la corte federal en Colorado.
Según el nuevo documento, cuando la policía trató de arrestar a Joseph Quintana, el hombre se negó a salir de la vivienda que compartía con su madre y disparó contra dos agentes, hiriéndolos.
Cuando la policía se acercó, el hombre se suicidó. Aun así, un equipo especial de DPD lanzó las granadas incendiarias, aparentemente sólo autorizadas para uso al aire libre.
Además, la policía habría impedido que los bomberos apagasen el incendio.
Joseph Salazar, abogado de Quintana, explicó en declaraciones preparadas que la familia quedó desamparada, que los policías usaron granadas que no estaban entrenados para usar, y que Quintana fue detenida ilegalmente por DPD cuando la madre trató de intervenir para que su hijo se rindiese a las autoridades.
Quintana pide una indemnización por un monto no especificado.
SOSPECHOSO EQUIVOCADO
Por su parte, Núñez Espinoza también solicita una indemnización para cubrir los “significantes costos hospitalarios” que la familia debió incurrir debido a la herida en la pierna que sufrió Ángel por la mordida del perro policial.
En la fecha mencionada, el empleado de un negocio en Firestone llamó a la Policía indicando que un hombre blanco de 1,75 metros de altura, que vestía una camisa azul y zapatos blancos había robado el lugar y se había escondido en un edificio de apartamentos de la zona.
Cuando uniformados llegaron a los apartamentos se encontraron con Ángel Núñez, de 1,60 metros y con ropa totalmente distinta a la del sospechoso, pero, por algún motivo, se lo consideró como el ladrón y se ordenó que un perro policía lo atacase.
Aún más, según las grabaciones realizadas por las cámaras de los policías, los uniformados se habrían dado cuenta del error “inmediatamente”, pero tardaron media hora en permitir ayuda médica para el adolescente, dice la demanda.
Y, como sucedió con Quintana, la madre también fue detenida cuando quiso auxiliar a su hijo.
Adam Frank, abogado de la familia, pidió en la demanda que la justicia “imponga un castigo económico” a los policías que “violaron los derechos constitucionales de A.N., esposando a un menor inocente”.
“En vez de pedir disculpas, en vez de reconocer que le hicieron algo horrible a un niño totalmente inocente, lo acusan a él de no haber obedecido la orden de arrojarse al piso, cuando ellos nunca se identificaron como policías”, expresó Frank en declaraciones escritas.
Ni DPD ni las otras jurisdicciones demandadas respondieron públicamente hasta ahora a las acciones en su contra.
Foto: Carabineros de la policía de Denver recorren las calles del centro de esta ciudad el 27 de agosto de 2008. EFE/RICK GIASE/Archivo
